¿Cuál sería una respuesta proporcionada en el caso de San Juan Copala? ¿Cómo reaccionar ante la constatación de que el Estado emplea cínicamente a grupos paramilitares?Y ahora, ¿qué hacemos?, se preguntaban los frustrados caravaneros el día 8.
El problema no eran las 30 toneladas que llevaban a San Juan Copala. Podrían regresarse con ellas en Huajuapan y empezar gestiones para que la Cruz Roja Internacional o algún organismo de Naciones Unidas se ocupase de entregar lo que habían podido reunir. (No será fácil lograrlo. El gobierno ofrecerá resistencia.)
La frustración misma tampoco era el problema central. Nadie estaba seguro de que podrían romper el cerco y llegar en paz a Copala. Nadie confiaba realmente en la oferta gubernamental de garantizar su seguridad. El día 7 examinaron con cuidado la situación y asumieron conscientemente los riesgos de concretar el intento. Nunca dieron por hecho que alcanzarían su propósito.
Lo ocurrido, empero, los tomó por sorpresa. Fue difícil creerlo o examinarlo allá, en aquellos momentos de tensión. Lo sigue siendo aquí, casi una semana después, bajo condiciones propicias para la reflexión.
Hasta el día 8 existían elementos suficientes para atribuir a la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) el cerco paramilitar y denunciar los vínculos de esta organización con el PRI y el gobierno. Pero ese día, llegados al punto en que la policía estatal se negó a continuar, la procuradora del estado, que acompañaba la caravana, expresó que estaba en comunicación con el dirigente de Ubisort y había acordado con él las condiciones para que la caravana pudiese llegar a su destino: que fuese encabezada por la gente de Ubisort. Cuando esta propuesta atroz fue airadamente rechazada por los caravaneros la policía estatal se retiró. Aunque fue sustituida por la federal, el resultado fue el mismo: ésta adujo haber oído disparos y desistió también del intento.
Es preciso detenerse con cuidado en este incidente. Los gobiernos federal y estatal aceptaron así, públicamente, que en esta zona estaban suspendidas las garantías constitucionales y que la gobernabilidad quedaba en manos de la Ubisort. De esta organización dependía la seguridad de los caravaneros.
El dirigente de la Ubisort, entrevistado unos minutos después, negó tener ligas con el PRI o el gobierno, en declaraciones confusas y contradictorias. Lo seguirá haciendo, igual que el gobierno. Pero ya no hay manera de negar esta vinculación, que se hizo enteramente evidente.
¿Qué hacer ante esta situación? No fue simple desaseo de un funcionario, una declaración descuidada, un incidente secundario. Es un estado de cosas. Si quedaban dudas están ahora despejadas. Se ha desmantelado el estado de derecho.
Hay quienes no dan crédito a lo ocurrido y prefieren cerrar los ojos, restando importancia al incidente. Solicitarán a las autoridades, a estas mismas autoridades, una investigación a fondo de lo ocurrido el 27 de abril, cuando asesinaron a Bety Cariño y a Jyri, y lo del 20 de mayo, cuando asesinaron a don Timoteo Alejandro Ramírez y a doña Tleriberta Castro Aguilar. Presentarán nuevas denuncias y exigencias por lo ocurrido el día 8. Pero la mayor parte de los caravaneros saben que todo esto será inútil. Lo fue en el caso de Brad Will, de los muertos y desaparecidos del 25 de noviembre, de los incontables crímenes, abusos y corruptelas que se repiten cotidianamente.
Se ha planteado la inevitable analogía entre este episodio y lo ocurrido con la flotilla de la libertad que intentaba romper el cerco de Gaza. Toda proporción guardada, en número y calidad, la comparación es válida. La reacción universal de rechazo que ha provocado el gobierno de Israel al asaltar en aguas internacionales al grupo de pacifistas que intentaban romper el cerco expresa la convicción de que se rebasó un límite y se produjo un cambio cualitativo que exige una respuesta proporcionada.
¿Cuál sería una respuesta proporcionada en nuestro caso? ¿Cómo reaccionar ante la constatación de que los poderes del Estado no sólo han desertado de sus funciones sino que emplean abierta y cínicamente, con toda impunidad, fuerzas públicas y grupos paramilitares en atropellos ilegales?
No se trata ya de hechos que pueden sujetarse a una investigación, para que la Corte se entretenga otros tres años y desemboque al final en recomendaciones no vinculantes, es decir, en el parto de los montes. Aquí ya no hay nada que investigar. El nuevo estado de cosas queda a la vista de todos.
¿Qué hacer? El Senado no usará sus facultades ante pruebas flagrantes de ingobernabilidad en Oaxaca. La Corte no empleará las suyas ante violaciones abiertas de las garantías constitucionales por parte de los gobiernos estatal y federal. Las instancias internacionales demostrarán su irrelevancia.
¿Podemos seguir resistiendo la respuesta obvia? ¿Podemos seguir negando lo que tenemos que hacer?
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